Todo el tema de la guerra de la década de los
setenta y ochenta se trató de luchar por vivir en democracia. Definitivamente, no de que años después
viniera una dictadura de otro partido, tal y como el FMLN plantea ahora, según su
aval a la resolución del recientemente celebrado Foro de Sao Paulo.
Los Acuerdos de Paz de 1992, firmados entre
el Gobierno de El Salvador y el FMLN, comienzan afirmando que: “las partes
ratifican el propósito enunciado en el Acuerdo de Ginebra del 4 de Abril de
1990 de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo,
impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los
derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”.
Desde 1992, ambas partes y hoy las mismas,
puesto que el FMLN es también “el Gobierno de El Salvador”, se comprometieron a
“impulsar la democratización” y el “irrestricto respeto a los derechos humanos”.
De todos es sabido que dentro de los derechos
humanos se encuentran: a) el derecho a la libertad de expresión y b) el derecho
a la justicia: de forma pronta, completa, imparcial y gratuita. Por lo que se acordó, no tratar de
controlar a los medios de publicidad y en cuanto a la imparcialidad de la
justicia, se estableció específicamente que: “el Consejo Nacional de la
Judicatura estará integrado de manera que se asegure su independencia de los
Órganos del Estado y de los partidos políticos” o sea, que la independencia de
los Órganos del Estado formaron una parte esencial de lo acordado.
Por el otro lado, lo
importante a comprender es que, si las personas o instituciones que deben
controlar y fiscalizar a los Órganos Ejecutivo y Legislativo, son personas o
instituciones afines y controladas por un mismo partido político; lo que sucede
es que desaparece la soberanía del pueblo, pues de sobra es sabido que la
independencia de poderes es indispensable para que la democracia subsista; ya
que de otra forma dejan de existir los mecanismos de
control que garantizan la salud democrática de las instituciones y que éstas
sigan bajo la supervisión y control de los ciudadanos.
A la luz de los Acuerdos de Paz de 1992, que
son los que rigen nuestra convivencia pacífica, ¿Cómo entonces se justifica que
el FMLN avale la resolución del XXIII Foro de Sao Paulo, recientemente
celebrado en Nicaragua, el cual llama a que “los gobiernos de izquierda deben
controlar no sólo el Poder Legislativo, sino el Poder Judicial, los aparatos
militares y los medios de comunicación”?
En cuanto a la intención de controlar las
instituciones militares, los Acuerdos de Paz establecen que: “Conforme a lo establecido en la Constitución, la Fuerza Armada es
una institución permanente al servicio de la Nación; es obediente, profesional,
apolítica y no deliberante”. Luego, el sólo hecho de
pretender controlarla constituye un acto en contra de los Acuerdos y la
Constitución misma.
En cuanto a las demás intenciones expresadas
por el Foro y avaladas por el FMLN, el mismo Simón Bolívar, cuyo pensamiento se
usa como estandarte de la Revolución Bolivariana de Venezuela manifestó: “Huid
de un país donde uno solo ejerza todos los poderes… las bases de la democracia
deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad
civil… y la abolición de los privilegios”.
En adición, Bolívar también expresó: “La
confianza es lo que nos da la paz.
No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre
ven y pocas veces piensan”.
Conviene entonces preguntarle al FMLN ¿Adonde
quedan los Acuerdos de Paz de 1992, si la intención expresa es la de tratar de
controlar todo lo que garantiza la democracia?
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