Es de felicitar al nuevo alcalde de San Salvador,
Nayib Bukele, que durante todo este tiempo no ha confrontado con ningún sector
y parece que él si está siguiendo el deseo expresado por el presidente de la República
de buscar el diálogo y concertación con todos los sectores; como medio para
resolver los grandes y pequeños conflictos de nuestro querido país.
Fuera del alcalde Bukele, los indicios son que el
partido FMLN hace caso omiso de lo expresado por el presidente, en su discurso
de primer año de gestión y lejos de eso, da la impresión que tiene una agenda
“revolucionaria”, como lo dicen sus estatutos, de profundizar el “socialismo”,
incumpliendo la ley si se lo permiten; con el objeto que la cúpula actual del
partido tenga el control sumiso de las instituciones del Estado y los sectores
que lo puedan contrarrestar ya no tengan la capacidad de reaccionar dentro del
marco democrático.
Solo así se explica que el mismo presidente, apenas
a pocos días de su discurso reconciliador, arremeta contra los miembros de la
Sala de lo Constitucional y los acuse que: “ellos están fomentando la violencia
en el país y quieren evitar que el país siga progresando y desarrollándose”.
El problema no es que el gobierno actual promueva
el socialismo, sino la forma de hacerlo, pues ante todo, lo que debe prevalecer
es el respeto a las instituciones democráticas, las cuales han sido creadas
para salvaguardar precisamente el “Estado democrático de derecho” y ningún
funcionario público debe estar más comprometido con su partido político, que
con la institución del Estado para la cual ha sido democráticamente electo.
En el ejercicio de sus funciones, el presidente de
la República debe cuidarse que los dirigentes de su partido no lo obliguen a hacer
declaraciones contra funcionarios públicos, especialmente de otros Órganos del
Estado, pues una de las atribuciones del presidente es la de “cumplir y hacer
cumplir la Constitución” y otra no menos importante es la de “procurar la
armonía social”. Las declaraciones
del presidente, tratando de personalizar las decisiones del “único tribunal
competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y
reglamentos”, como dice nuestra Constitución, lo que hace es introducir
incertidumbre, sobre si el gobierno actual está comprometido con salvaguardar
el proceso de democratización, que tanto nos ha costado.
Es decir, es un hecho que el FMLN está en el poder
del Órgano Ejecutivo. Luego, es
una realidad que tengamos que aceptar que el FMLN trate de implementar el socialismo
hasta donde sea posible, pues así lo ha manifestado toda su vida, sus estatutos
así lo obligan y los demás tendremos que aceptarlo mientras el FMLN esté
dirigiendo el gobierno. Así es la
democracia.
Lo que no le es permitido al FMLN, ni al
presidente, es ocupar las instituciones del Estado, que el pueblo salvadoreño
le ha confiado únicamente por cinco años y ocuparlas para colocarlas al servicio
de sus propios intereses; olvidándose del ideal democrático de la mayoría de
salvadoreños y por el cual tanto hemos sufrido.
En el caso que nos ocupa, en que el FMLN trata de
culpar a los cuatro integrantes de la Sala de lo Constitucional de negarle el
acceso a $900 millones, argumentando según ellos que es para combatir la delincuencia
y además presiona al presidente para tratar de denigrarlos. Lo que más ayudaría a reducir la
delincuencia es que el presidente analizara cuántos empleos se han dejado de
generar por sembrar la duda, en los generadores de empleo, de si el actual gobierno
realmente favorece la democracia o sigue los intereses particulares de la
dirigencia de su partido; cuyo propósito principal parece ser el de obtener el
control absoluto de las instituciones del Estado y perpetuarse en el poder, tal
y como lo han hecho los gobiernos que promueven el Socialismo del Siglo XXI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario