“De regreso a la realidad”, como dice el
dicho. Las vacaciones de Semana
Santa han pasado y aunque para muchos no tuvo nada de santa y gran cantidad de
hermanas y hermanos perdieron la vida debido a la violencia imperante y los
accidentes causados por la falta de una vigilancia e infraestructura adecuada;
nuestro querido país vuelve a la vida “normal”, o sea al trabajo sin presiones
electoreras por los próximos tres años.
De ser el ejemplo a seguir para todos los países
hermanos de Centroamérica, ahora El Salvador es el último en la mayoría de los
índices económicos y sociales “positivos” y el primero en los “negativos”.
Después de ser un ejemplo de cómo resolver los
conflictos políticos a nivel mundial, ahora, después de la experiencia de las
últimas elecciones, resulta que hasta en “democracia” hemos dado el mal ejemplo
y que es, principalmente, que el tribunal encargado de contar los votos debe
ser independiente de los gobiernos de turno.
Bien decía el expresidente Napoleón Duarte, que el
organismo encargado de contar los votos es el “cuarto Poder del Estado” y que
por tanto, había que en todo momento fomentar y promover su autonomía; tal y
como es el espíritu de independencia de los otros tres, ahora, “Órganos del
Estado”.
El periodo que se avecina es otra oportunidad que
tienen los partido políticos, principalmente el FMLN, para continuar en el
camino de la desesperanza o lanzar un mensaje que las cosas pueden cambiar a
corto plazo. Nos referimos a la
siguiente etapa política que estamos por vivir y que es la elección de la junta
directiva de la nueva Asamblea Legislativa.
De sobra ha pasado ya el tiempo donde esta etapa no
debería crear incertidumbre, pues desde hace varias elecciones, los dos
partidos mayoritarios debieran haber hecho un pacto político democrático, para
beneficio del país, que el presidente de la Asamblea Legislativa debería ser electo
por mandato de los votantes y corresponder automáticamente al partido político
que obtuvo más votos.
Esto no solo es de respeto al mandato de los
electores, sino un elemento distintivo importante, que los principios
democráticos prevalecen sobre los intereses de los partidos políticos y
sobretodo personales. Más aún,
debiera haberse acordado ya que los puestos de la directiva se eligen
proporcionalmente al número de votos y no necesariamente al número de
diputados; el cual, debido al sistema de cómo se calculan los residuos, es ya
una distorsión al mandato de los votantes.
Luego, es claro que el próximo presidente de la
Asamblea Legislativa debiera seleccionarse no por negociaciones de cuotas y
poderes entre todos los distintos partidos políticos, sino buscando interpretar
el mandato de la mayoría de los votantes y los cuales, en esta última elección,
seleccionaron al partido ARENA como la primera fuerza política del país y por
tanto es a ARENA a quien le corresponde elegir quién de sus diputados debe ser
el próximo presidente de la Asamblea Legislativa y los demás partidos deben
apoyar esta decisión por unanimidad y en beneficio del proceso
democrático. Después de todo, así
es como se selecciona el presidente del máximo Órgano del Estado, en la mayoría
de países de democracia avanzada.
Una vez acordado esto, tampoco significa que el
partido mayoritario pueda elegir a la persona más “famosa”, dentro de su propio
partido, sino que su esfuerzo debe concentrarse en tratar de interpretar, al
máximo posible, el mandato ciudadano y por tanto en el caso actual, esto no
necesariamente significa que se debe elegir a la persona que ha obtenido más
votos; sino a la persona que pueda lograr el mayor consenso entre los distintos
partidos políticos y de preferencia, que su elección se logre por un consenso
unánime de los diputados electos.
¿Difícil de lograr? Sólo si entre la mayoría de diputados electos no existe una vocación
patriótica.
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