Ante los acontecimientos tan graves que han
ocurrido en nuestro país, que culminan con la expulsión de cuatro diputados del
partido ARENA y los cuales tienen a toda la población en un estado de “desesperanza”,
pues estos afectan no solo a los directamente involucrados, sino a las
instituciones que representan y por ende a todo el país; lo que debe buscarse
es no solo lograr como los culpables reciben las sanciones que establece la
ley, sino además, como hacer para que estos hechos ya no vuelvan a repetirse.
El comportamiento de los diputados prestigia o
desprestigia la Asamblea Legislativa, uno de los tres Organos del Estado, por
lo que sus actuaciones se vuelven un “asunto de interés nacional”. Luego, ante las acusaciones ocurridas, es
la Asamblea Legislativa misma la que debe formar parte de la solución y
procurar, por medio de las instancias adecuadas, que estas se esclarezcan y no
queden en el olvido. Inclusive, lo
menos que debiera proceder es el análisis de la conveniencia de la formación de
una “comisión especial” legislativa, tal y como lo manda la Constitución de la
República en su Artículo 131, Inciso 32; para investigar los hechos y con el
propósito de mantener el prestigio de la institución donde corresponde.
Es de felicitar la honestidad y valentía de algunos
diputados que, sintiéndose ofendidos, ya han presentado las denuncias donde
corresponde. Sin embargo, la
gravedad de los hechos trasciende la ofensa personal y con el propósito de
responder a lo que sus correligionarios esperan, también el partido ARENA, como
tal, no debe quedarse solo con la sanción de expulsar a los diputados
mencionados, sino que su obligación es presentar las acusaciones
correspondientes formalmente y hacer todo lo que esté a su alcance para
esclarecer los hechos; con el objeto de prevenir estos comportamientos en el
futuro.
La primera pregunta que se hace la gente común es
que: “¿cómo puede ser que se elijan diputados cuya honorabilidad esté luego cuestionada,
por aquellos mismos que los eligieron?”, puesto que la constitución misma
establece que los diputados deben ser de “notoria honradez”; por lo cual son
los mismos partidos políticos los primeramente llamados a velar por este requisito. Esto enfatiza, la obligación que tiene
la Asamblea Legislativa de reivindicar o sancionar los comportamientos de sus
propios diputados y no desatender los hechos, tratándolos como “solo” un
problema interno, de una fracción legislativa.
En cuanto a las soluciones de largo plazo, afortunadamente
ya se ha aprobado el “voto por persona”, para elegir a nuestros futuros
diputados. Esto permite que, si
las soluciones de corto plazo no se realizan, en la próxima elección se pueda aplicar
las sanciones adecuadas y los votantes puedan no votar por aquellos candidatos que
no han llenado las expectativas, conforme a lo que esperaban. Para que esta “solución” pueda
continuar, lo mínimo que se esperaría, de parte de los actuales diputados, es
que este sistema de “voto por persona” no sea entorpecido por ellos mismos, tal
y como ha ocurrido hasta el momento; pues a la larga, esto es lo único que
puede permitir que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir y los salvadoreños
mantengamos la “esperanza”, de algún día vivir en verdadera democracia.
Cuando menos, ante los eventos sucedidos, lo que la
ciudadanía espera de parte de los actuales dirigentes políticos, de todos los
partidos, es que revisen sus propias actuaciones, tal y como gallardamente lo
acaba de hacer el entrenador de la Selecta Playera, Rudis Gallo, a raíz del reciente
desempeño de su equipo y se hagan la misma reflexión que él hizo y concluyan:
“Quizás Dios quiere mandarnos un mensaje y vamos a asimilarlo”.
"Hay todavía puentes que construir: puentes de amistad y fraternidad, puentes de justicia, amor y paz."
Beato Juan Pablo II
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