LA LEY ES LA LEY

¡Pobrecito mi país! dijo una madre salvadoreña hace más de treinta años, el día en que la ley se no se cumplió y las personas que secuestraron y mataron a su hijo salían libres por decisión de un jurado, que en aquel entonces hizo a un lado las evidencias legales y mas bien dio su veredicto por razones políticas. 

Parecía que la tragedia sufrida por esta madre no iba a traer consecuencias para el resto de salvadoreños y fue así como nuestro país continuó su curso asumiendo que el que no se cumpliera la ley, en ese entonces, solo iba a afectar a la familia involucrada y los supuestos implicados.  La historia nos demuestra lo contrario y sí hubieron consecuencias para todos los salvadoreños y bastantes graves, pues esto es lo que ocurre cada vez que la ley no se cumple; en cualquier nivel de una sociedad. 

Para comprenderlo mejor con ejemplos más cotidianos, esto lo podemos percibir por ejemplo, en las consecuencias de no cumplir la leyes del tráfico vehicular y como su consecuencia es que esto le ha costado la vida a miles de personas.  Lo mismo es cuando alguien no paga sus impuestos y todos los salvadoreños sufrimos la consecuencia, pues esto hace que existan escuelas y hospitales que se dejan de construir.

“La ley es la ley” se les refuerza, desde niños, a todos los ciudadanos de los países que alcanzan el desarrollo.  Todos aprenden en sus escuelas que: “la ley se respeta y quebrantarla trae consecuencias tanto para el que las incumple, como para toda la sociedad”.  Algunos de estos niños (supuestamente los más calificados) llegan luego a ser diputados y presidentes de sus respectivos países y desde el momento en que toman posesión de un cargo público saben que si incumplen la ley, la consecuencia personal es que van a perder su cargo, por alto que este sea y las consecuencias para su país van a ser de mucho mayor trascendencia; puesto que son dirigentes de la misma sociedad a que pertenecen.  Esto ocurrió en el sonado caso del presidente Nixon de los Estados Unidos y por lo cual el mismo presidente prefirió renunciar a su cargo, antes que someter a su país a un juicio legal, sobre si en realidad “había o no quebrantado la ley”.

¡Pobrecito mi país! debemos expresar todos los salvadoreños ante los acontecimientos de los últimos meses, referente al cuestionamiento de las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional.  A estas alturas, sobran los argumentos de las más importantes instituciones, universidades y respetables personalidades que se han pronunciado a favor que los fallos deben acatarse, pues son “definitivos e inapelables”.  Solo unos pocos dirigentes políticos sostienen lo contrario.

A raíz de estas abrumadores declaraciones, resulta nada más que obvio que la única solución que compete ahora es que las máximas dirigencias de “todos” los partidos políticos antepongan sus propios intereses a los de la nación, pues todos salen implicados en el incumplimiento de la ley en uno u otro momento y que se decidan por rescatar los valores que se les debió haber reforzado desde niños y pensando en las consecuencias que sus comportamientos están teniendo en la vida presente y futura de todos las salvadoreños, se decidan a “cumplir la ley”. 

Lo más importante no es nombrar a las nuevas vacantes de magistrados, por urgente que esto sea, sino dejar claramente establecido que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son “obligatorias e inapelables”, puesto que así lo establece nuestra Constitución de la  República y “la ley es la ley”, nos guste o no nos guste.